Us recomano veure el vídeo de 15', documental sobre la vida i pensament del poeta y militant Marcos Ana, que acompanya a la notícia.
http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/356904/me-transmite-mucho-mas-marcos-ana-que-cualquier-politico
Salut.
P.S. No us oblideu de donar menjar als peixos!!! Feu "click" sobre l'aigua. Gràcies
domingo, 30 de enero de 2011
martes, 18 de enero de 2011
Veritats com a punys!!!
---Arcadi Oliveres es Doctor en Ciencias Económicas, experto en economía mundial, reconocido activista por la justícia social y la paz, y presidente de Justicia i Pau
El profesor de Economía Juan Torres ha colgado en su página web "Ganas de escribir" el siguiente comentario de A. Oliveres. Es muy corto y no tiene desperdicio. Hay poca gente que hable tan claro, y dando nombres propios de algunos responsables de lo que ocurre en el mundo.
Podéis acceder mediante la siguiente dirección:
http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=2059&Itemid=16
El profesor de Economía Juan Torres ha colgado en su página web "Ganas de escribir" el siguiente comentario de A. Oliveres. Es muy corto y no tiene desperdicio. Hay poca gente que hable tan claro, y dando nombres propios de algunos responsables de lo que ocurre en el mundo.
Podéis acceder mediante la siguiente dirección:
http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=2059&Itemid=16
Altercado flamenco
Hola a tod@s. Enlace para ver un video de la “juerga flamenca” reivindicativa que se montó en el Banco Santander de la avenida de la Constitución de Sevilla.
Dados los tiempos que corren de pasividad y resignación en un estímulo para gente, los últimos algunos maestros, que se plantean que ya es hora hacer algo.
Vedlo pronto porque estos del youtube no va a tardar en quitarlo.
http://www.youtube.com/watch?v=Wv5dh8v7mDs&feature=player_embedded
Dados los tiempos que corren de pasividad y resignación en un estímulo para gente, los últimos algunos maestros, que se plantean que ya es hora hacer algo.
Vedlo pronto porque estos del youtube no va a tardar en quitarlo.
http://www.youtube.com/watch?v=Wv5dh8v7mDs&feature=player_embedded
Sobre desempleados, familias y niños
Lo dice el propio Banco de España en uno de los artículos de su último Boletín Económico: el 40% de los desempleados de este país viven en hogares en donde todos sus miembros están desempleados. Ese dato significa, como señala el propio informe, que el 8% de la población activa vive en esa insostenible situación, 'una tasa de un orden de magnitud similar a la tasa de paro total de muchos países de la zona euro'.
14-12-2010 - A ese estremecedor dato, si lo analizamos en perspectiva humana y no meramente estadística, debemos sumar algunos más que nos detalla el propio informe sobre la evolución del desempleo en la economía española durante esta crisis.
Así, mientras que en el conjunto de la zona euro en los últimos dos años se ha destruido un 2,6% del empleo y la tasa de desempleo se ha situado en el 10,1%, en España la destrucción de empleo ha sido, en el mismo periodo, del 9,2% y la tasa de desempleo ha aumentado en 13 puntos porcentuales hasta alcanzar el 20,1% en el segundo trimestre de 2010.
El informe también dice que la tasa de paro del principal perceptor de ingresos del hogar se sitúa en un 13%, más de 3 puntos porcentuales por encima de la tasa que alcanzó en la crisis de los noventa, lo que demuestra que se ha elevado la probabilidad de que el o la cabeza de familia estén desempleados.
La conclusión es clara y la marca el propio informe: “estos resultados sugieren que la capacidad de protección adicional contra el desempleo que pudieran constituir los vínculos familiares es ahora menor que en recesiones anteriores”.
Al deterioro del mercado de trabajo y a la merma del Estado de bienestar viene a sumarse ahora la desestructuración de las redes familiares de última instancia
O, lo que es lo mismo, si hasta ahora habíamos asistido al deterioro de dos de los tres vértices tradicionales del denominado triángulo de la inclusión social, ahora ya nos hemos cargado también el tercero.
Y es que, por un lado, el incremento del desempleo ha tenido como consecuencia inmediata la imposibilidad de un 20% de la población activa para acceder a los ingresos salariales que le permiten mantener su vida en condiciones dignas, sin dependencias frente a terceros más allá de las que impone las desiguales relaciones que el sistema capitalista impone entre capital y trabajo.
Por otro lado, el incremento del desempleo, unido a los recortes en las prestaciones y derechos sociales realizados en nombre de la austeridad presupuestaria y el ajuste, están deteriorando a marchas aceleradas el sustrato material de un Estado de Bienestar que hace depender el acceso a gran parte de los bienes y derechos sociales que provee de la participación previa en el mercado de trabajo, en lugar de considerarlos como derechos de ciudadanía que no pueden negársele a cualquier ciudadano, esté o no trabajando, haya contribuido o no a su financiación.
Pues bien, al deterioro del mercado de trabajo y a la merma del Estado de bienestar viene a sumarse ahora la desestructuración de las redes familiares de última instancia. Cuando todo fallaba, cuando el desempleo se instalaba y el Estado no respondía, ahí estaba la familia para ofrecer cobijo frente a la intemperie. Y este pilar era especialmente importante en los países de la Europa mediterránea, en donde la debilidad del Estado de bienestar era mucho mayor. De hecho, como el propio artículo recoge: “Grecia, Portugal y España eran los países donde el porcentaje de parejas en las que ambos cónyuges están desempleados era menor [se refiere a antes de la crisis], pudiendo constituir un refugio para los hijos, los más afectados por el desempleo en estos países que, junto con Francia, sufren tasas de desempleo juvenil muy superiores a las del resto de países de la UEM”.
Ahora, con familias con todos sus miembros en desempleo; con ayudas misérrimas que apenas permiten sobrevivir una vez agotada la prestación por desempleo y que, a pesar de ello, han sido capaces de eliminar; con pensiones de miseria y que aún se atreven a congelar; con una tasa de desempleo juvenil que supera el 40%, la red de seguridad última que era la familia se ha acabado también por desvanecer.
Y como demostración de hacia dónde avanzamos –si no es que estamos ya allí- valgan los resultados del último informe del Centro de Investigaciones Innocenti sobre la infancia en los países de la OCDE.
A través de él nos enteraremos de que, con el 17,2%, somos el segundo país de la OCDE con la tasa de pobreza infantil más alta, tan sólo por delante de Portugal y con datos referidos a 2008, esto es, antes de que la crisis explotara en toda su intensidad en nuestro país.
Estamos pasando de la sociedad del bienestar a la sociedad del funambulismo sin red de protección y, como no podía ser de otra forma, los primeros en caer, trastabillando, son los más débiles entre los débiles
Además, también sabremos al leerlo que la capacidad del Estado de Bienestar español para amortiguar las desigualdades sociales generadas por la distribución primaria de la renta del mercado es penosa: si la tasa de pobreza infantil antes de la intervención pública es del 18,5%, una vez que el Estado ha intervenido ésta apenas se reduce al 17,2% (para poner ese dato en perspectiva, adviértase que en Irlanda, por ejemplo, la acción redistributiva del Estado consigue reducir la tasa de pobreza infantil de un 34% a un 11%).
Y, finalmente, para acabar de redondear el pastel, acabaremos sabiendo que el principal factor que explica la pobreza infantil es la desigualdad en los ingresos. De forma que en un contexto como el español, en el que los ingresos no sólo están desapareciendo en miles de hogares sino en el que el Estado está renunciando a su tarea de redistribución de la renta hacia los más desfavorecidos a favor del sistema financiero y los grandes intereses económicos del país, las perspectivas para los niños son cada vez más oscuras.
Y es que estamos pasando de la sociedad del bienestar a la sociedad del funambulismo sin red de protección y, como no podía ser de otra forma, los primeros en caer, trastabillando, son los más débiles entre los débiles.Δ
Alberto Montero es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. (http://www.albertomontero.com/)
14-12-2010 - A ese estremecedor dato, si lo analizamos en perspectiva humana y no meramente estadística, debemos sumar algunos más que nos detalla el propio informe sobre la evolución del desempleo en la economía española durante esta crisis.
Así, mientras que en el conjunto de la zona euro en los últimos dos años se ha destruido un 2,6% del empleo y la tasa de desempleo se ha situado en el 10,1%, en España la destrucción de empleo ha sido, en el mismo periodo, del 9,2% y la tasa de desempleo ha aumentado en 13 puntos porcentuales hasta alcanzar el 20,1% en el segundo trimestre de 2010.
El informe también dice que la tasa de paro del principal perceptor de ingresos del hogar se sitúa en un 13%, más de 3 puntos porcentuales por encima de la tasa que alcanzó en la crisis de los noventa, lo que demuestra que se ha elevado la probabilidad de que el o la cabeza de familia estén desempleados.
La conclusión es clara y la marca el propio informe: “estos resultados sugieren que la capacidad de protección adicional contra el desempleo que pudieran constituir los vínculos familiares es ahora menor que en recesiones anteriores”.
Al deterioro del mercado de trabajo y a la merma del Estado de bienestar viene a sumarse ahora la desestructuración de las redes familiares de última instancia
O, lo que es lo mismo, si hasta ahora habíamos asistido al deterioro de dos de los tres vértices tradicionales del denominado triángulo de la inclusión social, ahora ya nos hemos cargado también el tercero.
Y es que, por un lado, el incremento del desempleo ha tenido como consecuencia inmediata la imposibilidad de un 20% de la población activa para acceder a los ingresos salariales que le permiten mantener su vida en condiciones dignas, sin dependencias frente a terceros más allá de las que impone las desiguales relaciones que el sistema capitalista impone entre capital y trabajo.
Por otro lado, el incremento del desempleo, unido a los recortes en las prestaciones y derechos sociales realizados en nombre de la austeridad presupuestaria y el ajuste, están deteriorando a marchas aceleradas el sustrato material de un Estado de Bienestar que hace depender el acceso a gran parte de los bienes y derechos sociales que provee de la participación previa en el mercado de trabajo, en lugar de considerarlos como derechos de ciudadanía que no pueden negársele a cualquier ciudadano, esté o no trabajando, haya contribuido o no a su financiación.
Pues bien, al deterioro del mercado de trabajo y a la merma del Estado de bienestar viene a sumarse ahora la desestructuración de las redes familiares de última instancia. Cuando todo fallaba, cuando el desempleo se instalaba y el Estado no respondía, ahí estaba la familia para ofrecer cobijo frente a la intemperie. Y este pilar era especialmente importante en los países de la Europa mediterránea, en donde la debilidad del Estado de bienestar era mucho mayor. De hecho, como el propio artículo recoge: “Grecia, Portugal y España eran los países donde el porcentaje de parejas en las que ambos cónyuges están desempleados era menor [se refiere a antes de la crisis], pudiendo constituir un refugio para los hijos, los más afectados por el desempleo en estos países que, junto con Francia, sufren tasas de desempleo juvenil muy superiores a las del resto de países de la UEM”.
Ahora, con familias con todos sus miembros en desempleo; con ayudas misérrimas que apenas permiten sobrevivir una vez agotada la prestación por desempleo y que, a pesar de ello, han sido capaces de eliminar; con pensiones de miseria y que aún se atreven a congelar; con una tasa de desempleo juvenil que supera el 40%, la red de seguridad última que era la familia se ha acabado también por desvanecer.
Y como demostración de hacia dónde avanzamos –si no es que estamos ya allí- valgan los resultados del último informe del Centro de Investigaciones Innocenti sobre la infancia en los países de la OCDE.
A través de él nos enteraremos de que, con el 17,2%, somos el segundo país de la OCDE con la tasa de pobreza infantil más alta, tan sólo por delante de Portugal y con datos referidos a 2008, esto es, antes de que la crisis explotara en toda su intensidad en nuestro país.
Estamos pasando de la sociedad del bienestar a la sociedad del funambulismo sin red de protección y, como no podía ser de otra forma, los primeros en caer, trastabillando, son los más débiles entre los débiles
Además, también sabremos al leerlo que la capacidad del Estado de Bienestar español para amortiguar las desigualdades sociales generadas por la distribución primaria de la renta del mercado es penosa: si la tasa de pobreza infantil antes de la intervención pública es del 18,5%, una vez que el Estado ha intervenido ésta apenas se reduce al 17,2% (para poner ese dato en perspectiva, adviértase que en Irlanda, por ejemplo, la acción redistributiva del Estado consigue reducir la tasa de pobreza infantil de un 34% a un 11%).
Y, finalmente, para acabar de redondear el pastel, acabaremos sabiendo que el principal factor que explica la pobreza infantil es la desigualdad en los ingresos. De forma que en un contexto como el español, en el que los ingresos no sólo están desapareciendo en miles de hogares sino en el que el Estado está renunciando a su tarea de redistribución de la renta hacia los más desfavorecidos a favor del sistema financiero y los grandes intereses económicos del país, las perspectivas para los niños son cada vez más oscuras.
Y es que estamos pasando de la sociedad del bienestar a la sociedad del funambulismo sin red de protección y, como no podía ser de otra forma, los primeros en caer, trastabillando, son los más débiles entre los débiles.Δ
Alberto Montero es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. (http://www.albertomontero.com/)
jueves, 6 de enero de 2011
LA BANCA CULPABLE
Si teniu una mica de curiositat i voleu saber per què ens volen donar les culpes als sindicats, legiu aquest article:
VICENÇ NAVARRO
30 de diciembre de 2010
Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research
de Washington, fue el primer economista que alertó de la existencia
de una burbuja inmobiliaria en EEUU y de las consecuencias que el
estallido de tal burbuja tendría para la economía estadounidense. El
establishment económico (los economistas en puestos de dirección de
la Administración Bush junior, así como las lumbreras del mundo
académico universitario) ignoraron completamente tal aviso,
reproduciendo una imagen de complacencia con la situación de la
economía, a la vez que mantenían unos comportamientos cómplices
con los grupos de presión responsables de la burbuja inmobiliaria
(entre los cuales hay que destacar a la banca). En EEUU acaba de
estrenarse el documental Inside Job que muestra la génesis de la
crisis económica y financiera de EEUU, incluido el estallido de la
burbuja inmobiliaria, señalando la gran responsabilidad que centros
universitarios de formación y análisis económico tuvieron (a través de
sus servicios de asesoría a la banca-Wall Street) en el desarrollo de
tales crisis. Los guardianes de la “ortodoxia económica neoliberal”,
que promocionaban la sabiduría convencional económica, marginaban
y silenciaban las escasas voces críticas a tal pensamiento único.
Voces críticas como las de Dean Baker eran ignoradas
sistemáticamente.
La burbuja, sin embargo, estalló y creó una enorme recesión.
Ninguna de las voces del establishment neoliberal admitió su error.
En realidad, lo que Dean Baker estaba señalando era fácil de prever.
Las prácticas especulativas del complejo bancario-inmobiliario
estaban creando una situación explosiva que se basaba en unos
precios exagerados e irracionales de las viviendas, muy por encima
del nivel de los salarios que pudiera sostener el consumo de tales
viviendas. El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia
entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo
estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del
sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y
consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento
económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía.
La manera de salir de ella era mediante el aumento del gasto público,
que cubriera, en parte, el vacío que había creado el colapso del
mercado de la vivienda, estimulando así la economía. Y otra medida
necesaria era la bajada muy significativa del precio de la vivienda,
que se calculó estaba sobrevalorada en un 30% (en algunas partes
del país, como California, incluso un 70%). Tal reducción era esencial
para reavivar el sector de la vivienda. Dean Baker acaba de escribir
otro libro, False Profits. Recovering the Bubble Economy, en el que
indica que, a no ser que los precios de la vivienda bajen más, la
economía estadounidense no saldrá de la Gran Recesión.
Lo que hace especialmente interesante la lectura del libro de Baker es
que las semejanzas con la situación española son enormes,
semejanzas que también acaban de señalarse en un artículo reciente
de The New York Times (18-12-10). Como en EEUU, en España el
complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue
el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la
burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que
determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy
por encima de la capacidad de compra de la población española, que
se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las
autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo
(mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo) del
complejo bancario-inmobiliario. Y como en EEUU, el comportamiento
del Banco Central fue de una enorme dejadez en su responsabilidad
reguladora y supervisora. La responsabilidad del Banco de España y
de su gobernador en el establecimiento de la burbuja y su explosión
no ha sido menor. Su complicidad con la banca adquirió un nivel tal
que debieran exigírsele responsabilidades.
Pero tal complicidad, según The New York Times (18-12-10),
continúa en España. Así, no sólo Dean Baker sino muchos otros
expertos internacionales señalan que el precio de la vivienda en
España debiera bajar mucho más (un 30%) de lo que ha bajado (sólo
un 12%). Si no se produce un mayor descenso, equilibrando el precio
de la vivienda con el nivel adquisitivo de la población, no habrá
reavivación del mercado inmobiliario y no habrá recuperación de la
economía. Y aquí, de nuevo, el problema está en el excesivo poder de
la banca española (hoy una de las mayores propietarias de viviendas
vacías), que no quiere bajar más los precios a fin de no aumentar sus
pérdidas y mantener su nivel de beneficios. Y, paradójica y
sorprendentemente, las autoridades públicas no están interviniendo
para forzar la venta de tales viviendas (prohibiendo, por ejemplo, que
existan viviendas vacías) y con ello bajar el precio de la vivienda. En
realidad, están haciendo todo lo contrario. Nada menos que la
segunda autoridad económica del Gobierno Zapatero, José Manuel
Campa, ha indicado que “el precio de la vivienda ha bajado ya
suficientemente”, apoyando las declaraciones casi idénticas del
gobernador del Banco de España que, como siempre, apoya a la
banca a la cual debiera supervisar y regular. En realidad, el grado de
complicidad entre el Banco de España y la banca explica la
desconfianza que existe fuera de España hacia la tan promovida
“salud del sistema bancario español”. Hoy, nadie conoce el grado de
morosidad existente en España ni el porcentaje de viviendas vacías
existente en el mercado español. Y esta falta de confianza es la que
está retrasando la recuperación económica. Y, mientras, el
gobernador del Banco de España está acusando a los sindicatos de
ser responsables de la escasa recuperación económica por su defensa
de los puestos de trabajo.
miércoles, 5 de enero de 2011
¡¡¡ FELIZ AÑO 2011 !!!
Aprovecho para pasaros este mensaje porque a mí me ha funcionado muy bien, y creo que os traerá paz y tranquilidad en vuestra ajetreada vida.
Un doctor comentó esta mañana en la TV que el único modo de conseguir la verdadera paz interior es finalizar todos los asuntos que tengas pendientes este año.
Así que eché un vistazo por mi casa y encontré varias cosas que había comenzado, pero que no había
finalizado.
Terminé por completo una botella de Merlot,
una botella de Chardonnay,
una bodella de Baileys,
una bodeya de grron,
un baquettte de batatas britas,
una gajjja de vallllliiiiiuuum,
el resdo de unas yyogoladinas.
Do dienes di idea de lo godidamende ffffabulozo que me diendo agora midmo.
Fod favod evía ezdo a dodoz loh gue ziendaz gue nededidan bazz inderiozz.
Coño oz guiero bussshho a dodoz. Zzzaluudd.
sábado, 1 de enero de 2011
La (contra) reforma de las pensiones
La (contra) reforma de las pensiones
José María Zufiaur
De la contrarreforma de las pensiones que pretende sacar adelante el Gobierno quiero destacar cinco de sus características:
Únicamente se enfoca desde el lado del recorte de los gastos, nunca mediante medidas que aumenten los ingresos, ni siquiera respetando los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre financiación de los complementos de mínimos mediante aportaciones del Estado;
no está fundamentada en datos que sean públicos y que, por tanto, se puedan debatir públicamente;
no aporta previsiones de cómo van a afectar las reformas que se quieren hacer a la cuantía de las pensiones futuras;
no contempla las variadas situaciones de la población que inciden en la equidad del sistema de pensiones: diferencias de esperanza de vida, tipos de trabajo, incidencia sobre las carreras de pensión de los trabajos precarios o de la discontinuidad laboral de muchas mujeres debido a responsabilidades extra-laborales, etc.;
se pretende adoptar mediante un procedimiento sumario (antes de final de año) lo que supone impedir un debate real sobre uno de los pilares esenciales de nuestro modelo social.
En este artículo abordaré materias que el Gobierno – y todos los actores implicados – deberían de tener en cuenta a la hora de debatir sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y que, sin embargo, su proyecto de contrarreforma no plantea. Comienzo con dos de ellas.
La primera tiene que ver con el esfuerzo para lograr que aumente la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años. Si dicha tasa aumentara, pongamos por caso en 15 o 20 puntos, los ingresos de la seguridad social se incrementarían en una proporción significativa y los gastos de la misma se reducirían de igual manera. Algunos reconocidos expertos han señalado que conseguir que los trabajadores prolongaran dos años más su vida activa real (la media efectiva de jubilación es, en nuestro país, de 63 años y diez meses, una de las más altas de Europa) hasta alcanzar la jubilación a la edad establecida para tener derecho a la pensión completa, 65 años, sería mucho más efectivo para el sostenimiento del sistema de pensiones que retrasar dos años – de 65 a 67 – la edad de jubilación.
La experiencia finlandesa
La experiencia finlandesa aporta datos muy esclarecedores al respecto. Finlandia es uno de los países de la UE más afectados por el desequilibrio demográfico. Según las previsiones de la Comisión Europea, en los próximos veinte años este país nórdico alcanzará la tasa más elevada de personas mayores de la UE.
Bajo el lema “la experiencia es un patrimonio nacional”, Finlandia ha logrado que la tasa de empleo de los trabajadores con edades entre 55 y 64 años haya pasado del 34%, en 1995, al 55,5% en 2009.
La clave de tales resultados se resume en 7 medidas:
En primer lugar, en vez de aumentar obligatoriamente la edad de jubilación, optar por la flexibilidad voluntaria, permitiendo a los activos jubilarse entre los 63 y los 68 años, aunque es posible jubilarse anticipadamente a partir de los 62 años de edad.
Segundo, primar la prolongación voluntaria de la edad de jubilación: los que trabajan hasta los 68 años ven mejorada en un 23% su pensión, en comparación con los que se jubilan a los 63 años.
Tercero, endurecer los requisitos para las prejubilaciones.
Cuarto, establecer programas de formación dirigidos a dirigentes empresariales, con la finalidad de hacerles comprender la necesidad de cambiar de actitud respecto al envejecimiento de los trabajadores: un empresario de la construcción ha afirmado que gracias a tal cambio de óptica la edad media de jubilación en su empresa ha pasado de 58,5 a 62 años, sin que la productividad se haya resentido, al tiempo que las bajas por enfermedad se han reducido a la mitad.
En quinto lugar, los finlandeses han centrado su esfuerzo en mejorar las competencias de los trabajadores de más edad y redefinir y adaptar sus puestos de trabajo.
Sexto, han bombardeado a los medios de comunicación con datos de todo tipo a lo largo de varios años para convencerles de lo acertado de tal estrategia.
En fin, la clave del método finlandés ha sido apostar por la mejora del ambiente y de las condiciones de trabajo. Consideran que esa es la clave para que los trabajadores puedan y quieran prolongar su vida laboral. De hecho, la siguiente fase del programa consiste en apostar por el bienestar en el trabajo a lo largo de toda la vida laboral y no sólo, como en la primera fase, en los últimos años de vida activa. A tal efecto, Finlandia ha elaborado un “índice de capacidad profesional” que recoge, al mismo tiempo, la salud física, el desarrollo de competencias profesionales y las nociones de comunidad profesional y de ambiente de trabajo. Un índice absolutamente novedoso en el campo de las condiciones de trabajo.
Los límites del trabajo
Complementaria de la experiencia finlandesa es la conclusión de la muy prestigiada revista médica Lancet. En su número de diciembre de 2008 publicó un artículo, “Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005” (Vol. 372, nº 9656)), en el que se sostiene que más determinante que la esperanza de vida en el nacimiento es, para el debate sobre las pensiones, la esperanza de vida sin limitación física o mental mediana o fuerte a los 50 años. Es decir, de cuántos años de vida sin limitaciones importantes va a disponer un trabajador a partir de los cincuenta años. En el conjunto de Europa, tal perspectiva se sitúa por debajo de los 20 años. Dicho de otra forma, los trabajadores, en media, estarán limitados para el trabajo antes de cumplir 70 años.
Para los autores de la revista científica mencionada, esta variable demográfica es esencial para valorar la equidad de las reformas de pensiones. En la medida en que la edad para acceder a una pensión completa se sitúe más cercana al límite fisiológico actual, mayor riesgo existe de afectar a una parte de la población que encontrará grandes problemas para poder seguir trabajando hasta la jubilación. También por razonamientos médicos, en suma, se puede llegar a la conclusión de que las reformas que se quieren llevar a efecto pueden desembocar en parados más viejos en lugar de en pensionistas más viejos.
Por otra vía, la medicina llega a la misma conclusión que los responsables políticos finlandeses. Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación no puede ser eficaz si no se mejora el estado de salud de los mayores de 50 años. Lo que, sin duda, pasa por los avances en la medicina, pero también por una profunda mejora de las condiciones de trabajo y un cambio en las políticas de recursos humanos. Cambios que, se insiste, tienen que empezar a aplicarse desde el inicio de la vida laboral y no a partir de cumplir la cincuentena.
La mujer
Una segunda materia que tiene mucho que ver con el futuro de la pensiones es la que afecta a la continuidad de la vida laboral de las mujeres. Uno de los mayores especialistas europeos en protección social, Gösta Esping-Andersen, ha afirmado recientemente (ver al final, en documentos relacionados: Un nuevo equilibrio de bienestar) que la primera medida para asegurar las pensiones debería de consistir en crear guarderías. Es decir, hacer posible que las mujeres completen una carrera laboral equivalente a la de los hombres. Actualmente, las pensiones de las mujeres que trabajan son, en general, inferiores en un 40% a las de los hombres. Esping-Andersen ha demostrado matemáticamente que los ingresos para el Estado de una mujer con dos hijos que se mantiene en el empleo, salvo durante el permiso de maternidad, gracias a las ayudas del Estado (en guarderías y escuelas maternales) son superiores a los gastos que estos apoyos ocasionan. De esta forma, la continuidad de las carreras profesionales de las mujeres contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, mientras que en Suecia continúan trabajando el 66,7% de las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 64 años, sólo un 36,6% lo hacen en Francia, un 32,3% en España y un 25,4%% en Italia. Ello no depende solamente de tener alternativas a la atención de personas dependientes sino también del acceso al empleo y de la tasa de ocupación de las mujeres. Pero ambas cuestiones son esenciales para asegurar el futuro de la seguridad social con buenas pensiones.
¿Se contemplarán estas cuestiones en la contrarreforma laboral que prepara el Gobierno?
El pacto intergeneracional
Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto intergeneracional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.
Para que tal pacto intergeneracional funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en el futuro del sistema de pensiones. Y que cualquier reforma que se plantee cuente con el más amplio debate y un gran consenso social.
No es, por tanto, extraño que los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones sean las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. Estas entidades son quienes financian reiteradamente estudios para tratar de “demostrar” la inexorable quiebra del sistema. Estudios prospectivos que nunca aciertan. Si sus predicciones hubieran sido acertadas, nuestro sistema público de pensiones ya habría quebrado en varias ocasiones a lo largo de los últimos quince años. De momento, sin embargo, sigue con superávit. Mientras tanto, los fondos privados han conocido en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE.
A tales propagadores de los peligros que acechan a las pensiones públicas y silenciadores del desastre que sufren las privadas – siempre disfrazados de expertos imparciales defensores del futuro de las pensiones – no les gusta ni el debate ni el consenso sobre el futuro de nuestras pensiones. Defienden que las medidas sean decididas por un grupo restringido de expertos (casi siempre, directa o indirectamente, subvencionados por las entidades financieras), desconfían de las decisiones políticas (siempre, según ellos, contaminadas por la opinión pública y las elecciones) y no les gustan tampoco los consensos sobre la materia. Como muestra, dos botones. Recientemente, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada, en su mayor parte, por los grandes bancos y otras entidades financieras) reclamaba que la reforma de las pensiones fuera una decisión técnica y no política. Y el anterior Jefe de la Oficina Económica del Gobierno y actual Presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, David Taguas, demandaba que las pensiones, y desde luego la suya, no fuera objeto de ningún consenso fuera del ámbito parlamentario. Como se recordará, en 2006 en un difundido artículo de la revista Panorama Social de FUNCAS, éste venía a proponer la introducción progresiva dentro del sistema de pensiones de un tramo de capitalización individual y gestión privada.
La participación sindical
Tales manifestaciones contrarias al acuerdo con los sindicatos no sólo atentan contra la más elemental prudencia política, sino que ignoran también que nuestra Constitución y algunas normas internacionales sobre seguridad social, ratificadas por España, contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.
Otra característica de este tipo de probos “defensores” de nuestras futuras pensiones es que no aplican para ellos lo que exigen para los demás. Así, el dictador Pinochet cuando acabó en Chile con el sistema público de pensiones e implantó el sistema de capitalización (que ha devenido en un desastre monumental) se guardó muy bien de no aplicarlo a los militares, quienes continuaron con su anterior sistema de reparto. A su vez, el Sr. Goirigolzarri, ex Consejero Delegado del BBV – entidad que se ha distinguido por la realización de estudios prospectivos para tratar de demostrar la inminente quiebra del sistema público español de pensiones – abandonó su cargo con una pensión diaria de 9.000 euros, 3 millones al año. Una pensión calculada no sobre toda su vida laboral, ni siquiera sobre sus veinte últimos años de trabajo, sino sobre su salario de los dos últimos años. Más prosaico, pero igualmente contradictorio con lo que dicta a los demás, es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con sus funcionarios: pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando pensiones de unos 160.000 euros anuales, la totalidad de sus últimos salarios en activo (Navarro, Sistema digital, 2010).
Pero si ese es el “modus operandi” de los interesados en el debilitamiento de las pensiones públicas, una actitud muy distinta debería adoptar el Gobierno de la nación. Una actitud de explicación fundamentada. Una actitud de búsqueda de consenso. Una actitud de abordar la reforma de las pensiones en toda su complejidad. De momento, nuestro Gobierno no ha adoptado ninguna de las tres.
Otras tres cuestiones
Siguiendo con el método que he iniciado, pretendo plantear otras tres cuestiones que deberían, a mi entender, formar parte del debate sobre el futuro de las pensiones.
En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno explicite y fundamente su propuesta. Y la someta al debate público y a la negociación con las fuerzas políticas y con los interlocutores sociales. En Francia, la oposición socialista ha demandado que la reforma de las pensiones se realice por consenso o que, en su defecto, tal materia forme parte de los programas de los partidos en las próximas elecciones generales.
Fundamentar su propuesta debería de suponer, como mínimo, establecer escenarios no trucados que expliquen los factores de riesgo del sistema de pensiones: la mayor parte de los estudios prospectivos de las pensiones minusvaloran algunas variables: el empleo no crece en treinta años, el crecimiento del PIB y del PIB per cápita no supera el 1% de media anual en varias décadas, la natalidad permanece invariable de aquí al año 2050, etc. Así mismo, implicaría cuantificar (como ha hecho el gobierno francés) el ahorro de cada una de las medidas que se proponen. Y argumentar por qué no se recurre, en su caso, a otras formas alternativas de financiación.
También tendría que explicitar la pérdida que las medidas que pretende adoptar suponen para las futuras pensiones. Según un estudio de octubre de 2010 – Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra: “The Government’s Proposal for the Spanish Pension System: A Quantitative Analisys” – aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%. Si a ello se añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%; y si a la ampliación de la edad de jubilación se le sumara un cálculo de la base reguladora no de veinte años sino a toda la vida laboral, la pensión media de jubilación se rebajaría en un 26,4%.
Es ilustrativo, en este último supuesto, la explicación que proporciona el estudio sobre las razones que inciden en esa caída de la pensión media en más del 26%: 1) porque las rentas salariales son menores a edades más tempranas; 2) porque al retrasar la edad de jubilación la renta salarial también disminuye a edades más avanzadas, dado que los trabajadores reducen su oferta de trabajo en esas edades; 3) porque el retrasar la edad de jubilación hace que más personas se jubilen anticipadamente y, por lo tanto, más personas sufren penalización por hacerlo.
En segundo lugar, como sostiene el sociólogo francés Robert Castel, a la hora de realizar una reforma justa y equitativa del sistema de pensiones, tan importante como la ampliación de la esperanza de vida es tener en cuenta los extraordinarios cambios producidos en el universo de los trabajadores.
Se ha producido, en efecto, una auténtica explosión entre los asalariados. El mundo de los trabajadores se ha diversificado de manera nunca conocida en el pasado. Un mundo en el que siguen existiendo actividades penosas propias de la primera mitad del siglo XX. A las que actualmente se añaden otras que producen estrés y nuevas enfermedades profesionales. Y hasta, de forma creciente, suicidios y muertes debidas al trabajo.
Pero también existen actividades laborales, a todas las escalas del universo asalariado, gratificantes. De tal manera que unos trabajadores necesitan, por ejemplo, jubilarse a los 55 años y otros pueden y desean seguir trabajando hasta los 70 o más años.
La edad no debería ser, por tanto, la variable fundamental para definir la duración de la vida laboral. Tratar de homogeneizar a todos mediante una determinada edad de jubilación no responde en absoluto a la complejidad de la nueva realidad laboral y es fuente de incremento de las desigualdades y de las injusticias en el trabajo.
En tercer lugar, el debate sobre el futuro de las pensiones habría de tener en cuenta la situación de los jóvenes. Con las reformas que se anuncian, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior.
A ello hay que añadir que, por lo menos en época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Aunque el aumento de la tasa de empleo de los mayores no implica necesariamente menos posibilidades de empleo para los jóvenes. De hecho, es al revés en el conjunto de países que integran la OCDE: los que tienen una mayor tasa de empleo de los mayores son los que también tienen una tasa de empleo de jóvenes más alta. Pero cuando la economía no crece, y esta es la situación actual que puede prolongarse, entonces sí hay menos posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo si se pretende prolongar la edad de jubilación. Salvo que por otra vía, la de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, mejor formados y con menores cargas sociales.
En conclusión, hay muchos factores que demandan una adecuación y reforma de los sistemas públicos de pensiones. Pero no hay una única manera de hacerlo. La que únicamente se basa en el recorte sólo garantiza la pauperización de las pensiones, el aumento de las desigualdades, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, y el aumento del negocio de los gestores de fondos privados de pensiones.
El nuevo ministro
El nombramiento de Valeriano Gómez como ministro de trabajo parecía indicar que el Presidente del Gobierno estaba de acuerdo en darle un margen de maniobra para que tanto la reforma de las pensiones como la de la negociación colectiva no fueran impuestas conforme a los criterios del área económica del Gobierno sino que reflejaran opciones sustancialmente diferentes a las exigidas por la ortodoxia neoliberal. Reformas que no fueran de imposible negociación con las organizaciones sindicales y susceptibles, por tanto, de no ahondar aún más en el distanciamiento del Partido Socialista con su electorado.
El nuevo ataque de los mercados financieros sobre Irlanda, y también sobre Portugal y España, parece, sin embargo, haber barrido cualquier atisbo de que tal hipótesis se materialice. No sólo da toda la impresión de que al titular de Trabajo se le ha retirado cualquier margen de maniobra sino que pocas dudas pueden caber, tras las declaraciones y las medidas adoptadas por el Ejecutivo con motivo de la nueva evidencia del flanco abierto que representa la deuda española, de que el Gobierno está dispuesto a aplicar taza y media sobre lo ya enunciado en esas y en otras materias (sanidad, por ejemplo)
No deja de ser paradójico que todo ello haya sido motivado precisamente por el ataque de los mercados sobre Irlanda. Un país cuya regulación laboral es una de las más, sino la más, desregulada de Europa. Y cuyo sistema de pensiones tiene uno de los componentes más elevados de fondos privados de toda la UE. Ello no hace más que confirmar lo que ya parecía evidente: ni la regulación laboral ni la estructura de los sistemas de pensiones tienen nada que ver con la crisis de la deuda y del crédito que afecta a cada vez más países de la UE. A los mercados lo que les interesa es, de un lado, la posibilidad de especular y, de otro, recuperar lo prestado.
El crecimiento español
Las dudas sobre la capacidad de que España, por ejemplo, crezca lo suficiente para generar ingresos y devolver la deuda (que, según distintos cálculos, puede representar – sumadas la privada y la pública – entre un 250% y más de un 300% del PIB) es lo que les tiene preocupados y encelados a los mercados. Y, mientras eso no se solucione, ninguna reforma laboral ni de las pensiones les va a calmar por muy radicales que tales reformas puedan llegar a ser. Lo único que puede calmarles o, más bien, dejarles fuera de juego es que la UE decida ser ella la que compre las deudas y no las deje a merced del arbitraje de los mercados financieros. Pero ello tampoco depende de las reformas del Estado Social sino de la voluntad política de hacer sostenible la UE. Otra cosa es que las elites neoliberales que gobiernan las instituciones comunitarias quieran aprovechar la coyuntura para dar el golpe de gracia al Estado de Bienestar.
Lo más seguro, por lo tanto, es que la reforma de las pensiones que finalmente lleve a cabo el Gobierno (en un plazo perentorio, con el apoyo o la abstención de los grupos de la derecha y haciendo añicos el consenso del Pacto de Toledo) se oriente más hacia lo que pide Aznar – achicar de entrada y demoler por entregas el Estado del bienestar – que hacia lo que propugna la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
La CES y el “Libro Verde”
En respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea “Hacia sistemas de pensiones adecuados, viables y seguros en Europa”, la CES, en resolución aprobada por su Comité Ejecutivo del 13 y 14 de octubre de este año, resume las posiciones del movimiento sindical europeo respecto a las reformas de los sistemas de pensiones.
La CES niega, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma la Comisión Europea, ese sea un debate puramente “técnico” ya que las decisiones que plantea son eminentemente “políticas”. Y añade, como consideración también previa, algo que conviene recordar: de acuerdo con los Tratados actuales, la UE no tiene ninguna competencia sobre los temas de Seguridad Social y, por lo tanto, sobre los sistemas nacionales de pensión. Un oportuno recordatorio cuando subrepticiamente se da a entender que tales reformas son una exigencia comunitaria y muchos de los responsables de las instituciones europeas no tienen empacho – desde Comisarios hasta integrantes del Banco Central Europeo – en hacer declaraciones abogando, cuando no exigiendo, que se lleven a cabo.
La resolución de la Confederación sindical europea incide, además, en tres cuestiones centrales.
En primer lugar, considera que se sobreestima la ratio de dependencia demográfica y, en cambio, se subestima la ratio de dependencia económica. El determinante, en sistemas de reparto como los imperantes muy mayoritariamente en la UE, es el de la dependencia económica. Lo esencial es el número de personas con empleo que son quienes financian el sistema, el aumento de la productividad y de la riqueza producida. La prioridad, por lo tanto, tendría que consistir en aumentar la tasa de empleo y la calidad del mismo. Sin una política de empleo para todas las edades, retrasar la edad de jubilación, de forma legal e indiscriminada, no tiene ningún sentido.
La razón más evidente es que muchísimos trabajadores no tienen posibilidad de llegar, actualmente, a la edad legal de jubilación, debido a que las empresas utilizan a los trabajadores mayores como variable de ajuste.. La misma Comisión reconoce que “menos del 50% de los ciudadanos siguen trabajando a la edad de 60 años”. Pretender retrasar la edad legal para acceder a la pensión es, en el contexto actual, simplemente desplazar el problema sin darle solución, es decir, transferir el problema financiero de las pensiones al problema financiero del paro y al incremento de los pensionistas pobres. No basta con decretar que hay que trabajar más años, es necesario que haya trabajo para poder hacerlo. Por otro lado, debido a los diferentes tipos de trabajo, los trabajadores no tienen la misma salud ni la misma esperanza de vida al llegar a la edad de jubilación. Por ello, la CES considera que el esfuerzo hay que orientarlo a hacer coincidir la edad efectiva de jubilación con la edad legal y rechaza totalmente toda medida automática de aumento de la edad legal de jubilación.
En segundo lugar, los sindicatos europeos niegan el apriorístico postulado de la Comisión Europea que consiste en aceptar que las pensiones públicas deberán inexorablemente reducir su cuantía en el futuro. Tal recorte no es ninguna fatalidad, señala la CES, a condición de que la prioridad se oriente a:
El desarrollo del empleo, de la calidad del mismo y del aumento de los salarios. Sobre la base del empleo precario, caracterizado por contratos temporales, empleos a tiempo parcial no elegidos, intermitentes, becarios, mal pagados, empleos incluidos en el umbral de pobreza – que afectan especialmente a las mujeres y a los jóvenes – no se pueden construir pensiones adecuadas, viables y seguras. Un trabajador pobre será, inevitablemente, un pensionista pobre.
Invertir en servicios sociales de calidad. También en este tema, el único enfoque de los Gobiernos es el del coste. Cuando, en realidad, la dependencia y la atención a la infancia representan oportunidad de empleo cualificados que contribuyen a la financiación de la protección social y al desarrollo económico. Además, facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar, la continuidad de la mujer en el empleo, carreras de pensión equivalentes entre hombres y mujeres y sostenimiento financiero de la protección social y de las pensiones.
Garantizar y mejorar la financiación de los sistemas de protección social. Invertir en la protección social no es sólo un gasto, es también “una inversión productiva”. Los estabilizadores automáticos han sido un factor clave para hacer frente a la crisis en el primer momento. Lo que se invierte en salud, en dependencia, en pensiones, en conciliación, en permanencia de los trabajadores en carreras completas, en la infancia son factores esenciales del desarrollo económico del futuro. La CES rechaza totalmente el nuevo enfoque sobre las pensiones: ahora ya las pensiones no es que dependan de las finanzas públicas, sino que se pretende que su evolución esté condicionada al saneamiento de las cuentas públicas. Para ello es necesario reformar los sistemas fiscales, abordar un reparto más justo de la riqueza y acabar con las exoneraciones fiscales en favor de las pensiones privadas.
Apostar por el reforzamiento de los sistemas públicos de pensiones. Lo que implica señalar los riesgos de los sistemas complementarios privados basados en la rentabilidad de las inversiones financieras, poner coto a la fagocitación que tales fondos realizan sobre los sistemas públicos, endurecer las reglas de solvencia hacia los mismos, privilegiar, en todo caso, los fondos colectivos basados en la negociación y la gestión paritaria entre empresarios y trabajadores.
Las reglas fundamentales
En fin, la CES insiste en tener en cuenta la experiencia para someter cualquier proyecto de reforma de los sistemas de pensiones a una serie de reglas fundamentales:
Las reformas deben de basarse en diagnósticos y datos compartidos. Lo que implica intercambio, diálogo y concertación.
Deben de implicar a todas las partes afectadas. No pueden ser, por tanto, obra exclusivamente de los políticos, sino que deben incluir en la decisión a otras organizaciones representativas de la sociedad, especialmente a los sindicatos de trabajadores, ya que la financiación de las pensiones es, en su inmensa mayor parte, salario diferido.
Deben ser justas y equitativas y afectar a todos, no solamente a una categoría de personas.
Deben de inscribirse en un proyecto de largo plazo, lo que es una condición esencial para su aceptabilidad social.
Tales reformas deben ser objeto y estar sometidas a evaluaciones periódicas. También en este caso, su pertinencia, su utilidad o no, su mantenimiento o no, debería contar con el más amplio consenso.
Finalmente, las reformas de las pensiones deberían inexorablemente tener en cuenta la diversidad de empleos y de carreras profesionales existentes en el actual mundo del trabajo.
Estimados lectores ¿creen ustedes que alguna de estas tres prioridades está presente en lo que se conoce – que no es prácticamente nada, lo que ya, en sí mismo, es un dato demoledor – de la reforma de las pensiones que el 28 de enero se ha comprometido a presentar el Gobierno? ¿Creen ustedes que todos los que proclaman, en España, en Europa, en el mundo, que ésta no es una política socialdemócrata sino liberal y que sí cabe hace otra sustancialmente distinta, en el discurso y en la práctica, están equivocados? ¿No creen que lo más urgente que debería hacer la izquierda es un debate nacional e internacional sobre esta decisiva cuestión? En Francia, al menos, se ha promovido un manifiesto de los “economistas aterrados”. Aquí, en España, sólo realizan manifiestos los “economistas aterradores”, los 100 economistas de FEDEA.
Desolador.
José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.
José María Zufiaur
De la contrarreforma de las pensiones que pretende sacar adelante el Gobierno quiero destacar cinco de sus características:
Únicamente se enfoca desde el lado del recorte de los gastos, nunca mediante medidas que aumenten los ingresos, ni siquiera respetando los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre financiación de los complementos de mínimos mediante aportaciones del Estado;
no está fundamentada en datos que sean públicos y que, por tanto, se puedan debatir públicamente;
no aporta previsiones de cómo van a afectar las reformas que se quieren hacer a la cuantía de las pensiones futuras;
no contempla las variadas situaciones de la población que inciden en la equidad del sistema de pensiones: diferencias de esperanza de vida, tipos de trabajo, incidencia sobre las carreras de pensión de los trabajos precarios o de la discontinuidad laboral de muchas mujeres debido a responsabilidades extra-laborales, etc.;
se pretende adoptar mediante un procedimiento sumario (antes de final de año) lo que supone impedir un debate real sobre uno de los pilares esenciales de nuestro modelo social.
En este artículo abordaré materias que el Gobierno – y todos los actores implicados – deberían de tener en cuenta a la hora de debatir sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y que, sin embargo, su proyecto de contrarreforma no plantea. Comienzo con dos de ellas.
La primera tiene que ver con el esfuerzo para lograr que aumente la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años. Si dicha tasa aumentara, pongamos por caso en 15 o 20 puntos, los ingresos de la seguridad social se incrementarían en una proporción significativa y los gastos de la misma se reducirían de igual manera. Algunos reconocidos expertos han señalado que conseguir que los trabajadores prolongaran dos años más su vida activa real (la media efectiva de jubilación es, en nuestro país, de 63 años y diez meses, una de las más altas de Europa) hasta alcanzar la jubilación a la edad establecida para tener derecho a la pensión completa, 65 años, sería mucho más efectivo para el sostenimiento del sistema de pensiones que retrasar dos años – de 65 a 67 – la edad de jubilación.
La experiencia finlandesa
La experiencia finlandesa aporta datos muy esclarecedores al respecto. Finlandia es uno de los países de la UE más afectados por el desequilibrio demográfico. Según las previsiones de la Comisión Europea, en los próximos veinte años este país nórdico alcanzará la tasa más elevada de personas mayores de la UE.
Bajo el lema “la experiencia es un patrimonio nacional”, Finlandia ha logrado que la tasa de empleo de los trabajadores con edades entre 55 y 64 años haya pasado del 34%, en 1995, al 55,5% en 2009.
La clave de tales resultados se resume en 7 medidas:
En primer lugar, en vez de aumentar obligatoriamente la edad de jubilación, optar por la flexibilidad voluntaria, permitiendo a los activos jubilarse entre los 63 y los 68 años, aunque es posible jubilarse anticipadamente a partir de los 62 años de edad.
Segundo, primar la prolongación voluntaria de la edad de jubilación: los que trabajan hasta los 68 años ven mejorada en un 23% su pensión, en comparación con los que se jubilan a los 63 años.
Tercero, endurecer los requisitos para las prejubilaciones.
Cuarto, establecer programas de formación dirigidos a dirigentes empresariales, con la finalidad de hacerles comprender la necesidad de cambiar de actitud respecto al envejecimiento de los trabajadores: un empresario de la construcción ha afirmado que gracias a tal cambio de óptica la edad media de jubilación en su empresa ha pasado de 58,5 a 62 años, sin que la productividad se haya resentido, al tiempo que las bajas por enfermedad se han reducido a la mitad.
En quinto lugar, los finlandeses han centrado su esfuerzo en mejorar las competencias de los trabajadores de más edad y redefinir y adaptar sus puestos de trabajo.
Sexto, han bombardeado a los medios de comunicación con datos de todo tipo a lo largo de varios años para convencerles de lo acertado de tal estrategia.
En fin, la clave del método finlandés ha sido apostar por la mejora del ambiente y de las condiciones de trabajo. Consideran que esa es la clave para que los trabajadores puedan y quieran prolongar su vida laboral. De hecho, la siguiente fase del programa consiste en apostar por el bienestar en el trabajo a lo largo de toda la vida laboral y no sólo, como en la primera fase, en los últimos años de vida activa. A tal efecto, Finlandia ha elaborado un “índice de capacidad profesional” que recoge, al mismo tiempo, la salud física, el desarrollo de competencias profesionales y las nociones de comunidad profesional y de ambiente de trabajo. Un índice absolutamente novedoso en el campo de las condiciones de trabajo.
Los límites del trabajo
Complementaria de la experiencia finlandesa es la conclusión de la muy prestigiada revista médica Lancet. En su número de diciembre de 2008 publicó un artículo, “Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005” (Vol. 372, nº 9656)), en el que se sostiene que más determinante que la esperanza de vida en el nacimiento es, para el debate sobre las pensiones, la esperanza de vida sin limitación física o mental mediana o fuerte a los 50 años. Es decir, de cuántos años de vida sin limitaciones importantes va a disponer un trabajador a partir de los cincuenta años. En el conjunto de Europa, tal perspectiva se sitúa por debajo de los 20 años. Dicho de otra forma, los trabajadores, en media, estarán limitados para el trabajo antes de cumplir 70 años.
Para los autores de la revista científica mencionada, esta variable demográfica es esencial para valorar la equidad de las reformas de pensiones. En la medida en que la edad para acceder a una pensión completa se sitúe más cercana al límite fisiológico actual, mayor riesgo existe de afectar a una parte de la población que encontrará grandes problemas para poder seguir trabajando hasta la jubilación. También por razonamientos médicos, en suma, se puede llegar a la conclusión de que las reformas que se quieren llevar a efecto pueden desembocar en parados más viejos en lugar de en pensionistas más viejos.
Por otra vía, la medicina llega a la misma conclusión que los responsables políticos finlandeses. Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación no puede ser eficaz si no se mejora el estado de salud de los mayores de 50 años. Lo que, sin duda, pasa por los avances en la medicina, pero también por una profunda mejora de las condiciones de trabajo y un cambio en las políticas de recursos humanos. Cambios que, se insiste, tienen que empezar a aplicarse desde el inicio de la vida laboral y no a partir de cumplir la cincuentena.
La mujer
Una segunda materia que tiene mucho que ver con el futuro de la pensiones es la que afecta a la continuidad de la vida laboral de las mujeres. Uno de los mayores especialistas europeos en protección social, Gösta Esping-Andersen, ha afirmado recientemente (ver al final, en documentos relacionados: Un nuevo equilibrio de bienestar) que la primera medida para asegurar las pensiones debería de consistir en crear guarderías. Es decir, hacer posible que las mujeres completen una carrera laboral equivalente a la de los hombres. Actualmente, las pensiones de las mujeres que trabajan son, en general, inferiores en un 40% a las de los hombres. Esping-Andersen ha demostrado matemáticamente que los ingresos para el Estado de una mujer con dos hijos que se mantiene en el empleo, salvo durante el permiso de maternidad, gracias a las ayudas del Estado (en guarderías y escuelas maternales) son superiores a los gastos que estos apoyos ocasionan. De esta forma, la continuidad de las carreras profesionales de las mujeres contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, mientras que en Suecia continúan trabajando el 66,7% de las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 64 años, sólo un 36,6% lo hacen en Francia, un 32,3% en España y un 25,4%% en Italia. Ello no depende solamente de tener alternativas a la atención de personas dependientes sino también del acceso al empleo y de la tasa de ocupación de las mujeres. Pero ambas cuestiones son esenciales para asegurar el futuro de la seguridad social con buenas pensiones.
¿Se contemplarán estas cuestiones en la contrarreforma laboral que prepara el Gobierno?
El pacto intergeneracional
Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto intergeneracional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.
Para que tal pacto intergeneracional funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en el futuro del sistema de pensiones. Y que cualquier reforma que se plantee cuente con el más amplio debate y un gran consenso social.
No es, por tanto, extraño que los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones sean las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. Estas entidades son quienes financian reiteradamente estudios para tratar de “demostrar” la inexorable quiebra del sistema. Estudios prospectivos que nunca aciertan. Si sus predicciones hubieran sido acertadas, nuestro sistema público de pensiones ya habría quebrado en varias ocasiones a lo largo de los últimos quince años. De momento, sin embargo, sigue con superávit. Mientras tanto, los fondos privados han conocido en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE.
A tales propagadores de los peligros que acechan a las pensiones públicas y silenciadores del desastre que sufren las privadas – siempre disfrazados de expertos imparciales defensores del futuro de las pensiones – no les gusta ni el debate ni el consenso sobre el futuro de nuestras pensiones. Defienden que las medidas sean decididas por un grupo restringido de expertos (casi siempre, directa o indirectamente, subvencionados por las entidades financieras), desconfían de las decisiones políticas (siempre, según ellos, contaminadas por la opinión pública y las elecciones) y no les gustan tampoco los consensos sobre la materia. Como muestra, dos botones. Recientemente, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada, en su mayor parte, por los grandes bancos y otras entidades financieras) reclamaba que la reforma de las pensiones fuera una decisión técnica y no política. Y el anterior Jefe de la Oficina Económica del Gobierno y actual Presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, David Taguas, demandaba que las pensiones, y desde luego la suya, no fuera objeto de ningún consenso fuera del ámbito parlamentario. Como se recordará, en 2006 en un difundido artículo de la revista Panorama Social de FUNCAS, éste venía a proponer la introducción progresiva dentro del sistema de pensiones de un tramo de capitalización individual y gestión privada.
La participación sindical
Tales manifestaciones contrarias al acuerdo con los sindicatos no sólo atentan contra la más elemental prudencia política, sino que ignoran también que nuestra Constitución y algunas normas internacionales sobre seguridad social, ratificadas por España, contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.
Otra característica de este tipo de probos “defensores” de nuestras futuras pensiones es que no aplican para ellos lo que exigen para los demás. Así, el dictador Pinochet cuando acabó en Chile con el sistema público de pensiones e implantó el sistema de capitalización (que ha devenido en un desastre monumental) se guardó muy bien de no aplicarlo a los militares, quienes continuaron con su anterior sistema de reparto. A su vez, el Sr. Goirigolzarri, ex Consejero Delegado del BBV – entidad que se ha distinguido por la realización de estudios prospectivos para tratar de demostrar la inminente quiebra del sistema público español de pensiones – abandonó su cargo con una pensión diaria de 9.000 euros, 3 millones al año. Una pensión calculada no sobre toda su vida laboral, ni siquiera sobre sus veinte últimos años de trabajo, sino sobre su salario de los dos últimos años. Más prosaico, pero igualmente contradictorio con lo que dicta a los demás, es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con sus funcionarios: pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando pensiones de unos 160.000 euros anuales, la totalidad de sus últimos salarios en activo (Navarro, Sistema digital, 2010).
Pero si ese es el “modus operandi” de los interesados en el debilitamiento de las pensiones públicas, una actitud muy distinta debería adoptar el Gobierno de la nación. Una actitud de explicación fundamentada. Una actitud de búsqueda de consenso. Una actitud de abordar la reforma de las pensiones en toda su complejidad. De momento, nuestro Gobierno no ha adoptado ninguna de las tres.
Otras tres cuestiones
Siguiendo con el método que he iniciado, pretendo plantear otras tres cuestiones que deberían, a mi entender, formar parte del debate sobre el futuro de las pensiones.
En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno explicite y fundamente su propuesta. Y la someta al debate público y a la negociación con las fuerzas políticas y con los interlocutores sociales. En Francia, la oposición socialista ha demandado que la reforma de las pensiones se realice por consenso o que, en su defecto, tal materia forme parte de los programas de los partidos en las próximas elecciones generales.
Fundamentar su propuesta debería de suponer, como mínimo, establecer escenarios no trucados que expliquen los factores de riesgo del sistema de pensiones: la mayor parte de los estudios prospectivos de las pensiones minusvaloran algunas variables: el empleo no crece en treinta años, el crecimiento del PIB y del PIB per cápita no supera el 1% de media anual en varias décadas, la natalidad permanece invariable de aquí al año 2050, etc. Así mismo, implicaría cuantificar (como ha hecho el gobierno francés) el ahorro de cada una de las medidas que se proponen. Y argumentar por qué no se recurre, en su caso, a otras formas alternativas de financiación.
También tendría que explicitar la pérdida que las medidas que pretende adoptar suponen para las futuras pensiones. Según un estudio de octubre de 2010 – Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra: “The Government’s Proposal for the Spanish Pension System: A Quantitative Analisys” – aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%. Si a ello se añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%; y si a la ampliación de la edad de jubilación se le sumara un cálculo de la base reguladora no de veinte años sino a toda la vida laboral, la pensión media de jubilación se rebajaría en un 26,4%.
Es ilustrativo, en este último supuesto, la explicación que proporciona el estudio sobre las razones que inciden en esa caída de la pensión media en más del 26%: 1) porque las rentas salariales son menores a edades más tempranas; 2) porque al retrasar la edad de jubilación la renta salarial también disminuye a edades más avanzadas, dado que los trabajadores reducen su oferta de trabajo en esas edades; 3) porque el retrasar la edad de jubilación hace que más personas se jubilen anticipadamente y, por lo tanto, más personas sufren penalización por hacerlo.
En segundo lugar, como sostiene el sociólogo francés Robert Castel, a la hora de realizar una reforma justa y equitativa del sistema de pensiones, tan importante como la ampliación de la esperanza de vida es tener en cuenta los extraordinarios cambios producidos en el universo de los trabajadores.
Se ha producido, en efecto, una auténtica explosión entre los asalariados. El mundo de los trabajadores se ha diversificado de manera nunca conocida en el pasado. Un mundo en el que siguen existiendo actividades penosas propias de la primera mitad del siglo XX. A las que actualmente se añaden otras que producen estrés y nuevas enfermedades profesionales. Y hasta, de forma creciente, suicidios y muertes debidas al trabajo.
Pero también existen actividades laborales, a todas las escalas del universo asalariado, gratificantes. De tal manera que unos trabajadores necesitan, por ejemplo, jubilarse a los 55 años y otros pueden y desean seguir trabajando hasta los 70 o más años.
La edad no debería ser, por tanto, la variable fundamental para definir la duración de la vida laboral. Tratar de homogeneizar a todos mediante una determinada edad de jubilación no responde en absoluto a la complejidad de la nueva realidad laboral y es fuente de incremento de las desigualdades y de las injusticias en el trabajo.
En tercer lugar, el debate sobre el futuro de las pensiones habría de tener en cuenta la situación de los jóvenes. Con las reformas que se anuncian, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior.
A ello hay que añadir que, por lo menos en época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Aunque el aumento de la tasa de empleo de los mayores no implica necesariamente menos posibilidades de empleo para los jóvenes. De hecho, es al revés en el conjunto de países que integran la OCDE: los que tienen una mayor tasa de empleo de los mayores son los que también tienen una tasa de empleo de jóvenes más alta. Pero cuando la economía no crece, y esta es la situación actual que puede prolongarse, entonces sí hay menos posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo si se pretende prolongar la edad de jubilación. Salvo que por otra vía, la de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, mejor formados y con menores cargas sociales.
En conclusión, hay muchos factores que demandan una adecuación y reforma de los sistemas públicos de pensiones. Pero no hay una única manera de hacerlo. La que únicamente se basa en el recorte sólo garantiza la pauperización de las pensiones, el aumento de las desigualdades, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, y el aumento del negocio de los gestores de fondos privados de pensiones.
El nuevo ministro
El nombramiento de Valeriano Gómez como ministro de trabajo parecía indicar que el Presidente del Gobierno estaba de acuerdo en darle un margen de maniobra para que tanto la reforma de las pensiones como la de la negociación colectiva no fueran impuestas conforme a los criterios del área económica del Gobierno sino que reflejaran opciones sustancialmente diferentes a las exigidas por la ortodoxia neoliberal. Reformas que no fueran de imposible negociación con las organizaciones sindicales y susceptibles, por tanto, de no ahondar aún más en el distanciamiento del Partido Socialista con su electorado.
El nuevo ataque de los mercados financieros sobre Irlanda, y también sobre Portugal y España, parece, sin embargo, haber barrido cualquier atisbo de que tal hipótesis se materialice. No sólo da toda la impresión de que al titular de Trabajo se le ha retirado cualquier margen de maniobra sino que pocas dudas pueden caber, tras las declaraciones y las medidas adoptadas por el Ejecutivo con motivo de la nueva evidencia del flanco abierto que representa la deuda española, de que el Gobierno está dispuesto a aplicar taza y media sobre lo ya enunciado en esas y en otras materias (sanidad, por ejemplo)
No deja de ser paradójico que todo ello haya sido motivado precisamente por el ataque de los mercados sobre Irlanda. Un país cuya regulación laboral es una de las más, sino la más, desregulada de Europa. Y cuyo sistema de pensiones tiene uno de los componentes más elevados de fondos privados de toda la UE. Ello no hace más que confirmar lo que ya parecía evidente: ni la regulación laboral ni la estructura de los sistemas de pensiones tienen nada que ver con la crisis de la deuda y del crédito que afecta a cada vez más países de la UE. A los mercados lo que les interesa es, de un lado, la posibilidad de especular y, de otro, recuperar lo prestado.
El crecimiento español
Las dudas sobre la capacidad de que España, por ejemplo, crezca lo suficiente para generar ingresos y devolver la deuda (que, según distintos cálculos, puede representar – sumadas la privada y la pública – entre un 250% y más de un 300% del PIB) es lo que les tiene preocupados y encelados a los mercados. Y, mientras eso no se solucione, ninguna reforma laboral ni de las pensiones les va a calmar por muy radicales que tales reformas puedan llegar a ser. Lo único que puede calmarles o, más bien, dejarles fuera de juego es que la UE decida ser ella la que compre las deudas y no las deje a merced del arbitraje de los mercados financieros. Pero ello tampoco depende de las reformas del Estado Social sino de la voluntad política de hacer sostenible la UE. Otra cosa es que las elites neoliberales que gobiernan las instituciones comunitarias quieran aprovechar la coyuntura para dar el golpe de gracia al Estado de Bienestar.
Lo más seguro, por lo tanto, es que la reforma de las pensiones que finalmente lleve a cabo el Gobierno (en un plazo perentorio, con el apoyo o la abstención de los grupos de la derecha y haciendo añicos el consenso del Pacto de Toledo) se oriente más hacia lo que pide Aznar – achicar de entrada y demoler por entregas el Estado del bienestar – que hacia lo que propugna la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
La CES y el “Libro Verde”
En respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea “Hacia sistemas de pensiones adecuados, viables y seguros en Europa”, la CES, en resolución aprobada por su Comité Ejecutivo del 13 y 14 de octubre de este año, resume las posiciones del movimiento sindical europeo respecto a las reformas de los sistemas de pensiones.
La CES niega, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma la Comisión Europea, ese sea un debate puramente “técnico” ya que las decisiones que plantea son eminentemente “políticas”. Y añade, como consideración también previa, algo que conviene recordar: de acuerdo con los Tratados actuales, la UE no tiene ninguna competencia sobre los temas de Seguridad Social y, por lo tanto, sobre los sistemas nacionales de pensión. Un oportuno recordatorio cuando subrepticiamente se da a entender que tales reformas son una exigencia comunitaria y muchos de los responsables de las instituciones europeas no tienen empacho – desde Comisarios hasta integrantes del Banco Central Europeo – en hacer declaraciones abogando, cuando no exigiendo, que se lleven a cabo.
La resolución de la Confederación sindical europea incide, además, en tres cuestiones centrales.
En primer lugar, considera que se sobreestima la ratio de dependencia demográfica y, en cambio, se subestima la ratio de dependencia económica. El determinante, en sistemas de reparto como los imperantes muy mayoritariamente en la UE, es el de la dependencia económica. Lo esencial es el número de personas con empleo que son quienes financian el sistema, el aumento de la productividad y de la riqueza producida. La prioridad, por lo tanto, tendría que consistir en aumentar la tasa de empleo y la calidad del mismo. Sin una política de empleo para todas las edades, retrasar la edad de jubilación, de forma legal e indiscriminada, no tiene ningún sentido.
La razón más evidente es que muchísimos trabajadores no tienen posibilidad de llegar, actualmente, a la edad legal de jubilación, debido a que las empresas utilizan a los trabajadores mayores como variable de ajuste.. La misma Comisión reconoce que “menos del 50% de los ciudadanos siguen trabajando a la edad de 60 años”. Pretender retrasar la edad legal para acceder a la pensión es, en el contexto actual, simplemente desplazar el problema sin darle solución, es decir, transferir el problema financiero de las pensiones al problema financiero del paro y al incremento de los pensionistas pobres. No basta con decretar que hay que trabajar más años, es necesario que haya trabajo para poder hacerlo. Por otro lado, debido a los diferentes tipos de trabajo, los trabajadores no tienen la misma salud ni la misma esperanza de vida al llegar a la edad de jubilación. Por ello, la CES considera que el esfuerzo hay que orientarlo a hacer coincidir la edad efectiva de jubilación con la edad legal y rechaza totalmente toda medida automática de aumento de la edad legal de jubilación.
En segundo lugar, los sindicatos europeos niegan el apriorístico postulado de la Comisión Europea que consiste en aceptar que las pensiones públicas deberán inexorablemente reducir su cuantía en el futuro. Tal recorte no es ninguna fatalidad, señala la CES, a condición de que la prioridad se oriente a:
El desarrollo del empleo, de la calidad del mismo y del aumento de los salarios. Sobre la base del empleo precario, caracterizado por contratos temporales, empleos a tiempo parcial no elegidos, intermitentes, becarios, mal pagados, empleos incluidos en el umbral de pobreza – que afectan especialmente a las mujeres y a los jóvenes – no se pueden construir pensiones adecuadas, viables y seguras. Un trabajador pobre será, inevitablemente, un pensionista pobre.
Invertir en servicios sociales de calidad. También en este tema, el único enfoque de los Gobiernos es el del coste. Cuando, en realidad, la dependencia y la atención a la infancia representan oportunidad de empleo cualificados que contribuyen a la financiación de la protección social y al desarrollo económico. Además, facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar, la continuidad de la mujer en el empleo, carreras de pensión equivalentes entre hombres y mujeres y sostenimiento financiero de la protección social y de las pensiones.
Garantizar y mejorar la financiación de los sistemas de protección social. Invertir en la protección social no es sólo un gasto, es también “una inversión productiva”. Los estabilizadores automáticos han sido un factor clave para hacer frente a la crisis en el primer momento. Lo que se invierte en salud, en dependencia, en pensiones, en conciliación, en permanencia de los trabajadores en carreras completas, en la infancia son factores esenciales del desarrollo económico del futuro. La CES rechaza totalmente el nuevo enfoque sobre las pensiones: ahora ya las pensiones no es que dependan de las finanzas públicas, sino que se pretende que su evolución esté condicionada al saneamiento de las cuentas públicas. Para ello es necesario reformar los sistemas fiscales, abordar un reparto más justo de la riqueza y acabar con las exoneraciones fiscales en favor de las pensiones privadas.
Apostar por el reforzamiento de los sistemas públicos de pensiones. Lo que implica señalar los riesgos de los sistemas complementarios privados basados en la rentabilidad de las inversiones financieras, poner coto a la fagocitación que tales fondos realizan sobre los sistemas públicos, endurecer las reglas de solvencia hacia los mismos, privilegiar, en todo caso, los fondos colectivos basados en la negociación y la gestión paritaria entre empresarios y trabajadores.
Las reglas fundamentales
En fin, la CES insiste en tener en cuenta la experiencia para someter cualquier proyecto de reforma de los sistemas de pensiones a una serie de reglas fundamentales:
Las reformas deben de basarse en diagnósticos y datos compartidos. Lo que implica intercambio, diálogo y concertación.
Deben de implicar a todas las partes afectadas. No pueden ser, por tanto, obra exclusivamente de los políticos, sino que deben incluir en la decisión a otras organizaciones representativas de la sociedad, especialmente a los sindicatos de trabajadores, ya que la financiación de las pensiones es, en su inmensa mayor parte, salario diferido.
Deben ser justas y equitativas y afectar a todos, no solamente a una categoría de personas.
Deben de inscribirse en un proyecto de largo plazo, lo que es una condición esencial para su aceptabilidad social.
Tales reformas deben ser objeto y estar sometidas a evaluaciones periódicas. También en este caso, su pertinencia, su utilidad o no, su mantenimiento o no, debería contar con el más amplio consenso.
Finalmente, las reformas de las pensiones deberían inexorablemente tener en cuenta la diversidad de empleos y de carreras profesionales existentes en el actual mundo del trabajo.
Estimados lectores ¿creen ustedes que alguna de estas tres prioridades está presente en lo que se conoce – que no es prácticamente nada, lo que ya, en sí mismo, es un dato demoledor – de la reforma de las pensiones que el 28 de enero se ha comprometido a presentar el Gobierno? ¿Creen ustedes que todos los que proclaman, en España, en Europa, en el mundo, que ésta no es una política socialdemócrata sino liberal y que sí cabe hace otra sustancialmente distinta, en el discurso y en la práctica, están equivocados? ¿No creen que lo más urgente que debería hacer la izquierda es un debate nacional e internacional sobre esta decisiva cuestión? En Francia, al menos, se ha promovido un manifiesto de los “economistas aterrados”. Aquí, en España, sólo realizan manifiestos los “economistas aterradores”, los 100 economistas de FEDEA.
Desolador.
José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.
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